Escribe: María Laura N. para Ambiente en Lucha

Las semillas, durante miles de años, han sido objeto de almacenamiento para próximas cosechas y también de intercambio entre campesinos e indígenas. Esto ha preservado a lo largo del tiempo la sustentabilidad de la comida, la mejora de las variedades y la diversidad de los alimentos. Esta posibilidad de conservar e intercambiar semillas tiene un nombre y está protegida por la actual ley de semillas (20.247), que las empresas de agronegocios quieren cambiar: se trata del uso propio.

El uso propio es, en concreto, la posibilidad de los agricultores y agricultoras de seleccionar y guardar las semillas de su cosecha para los sucesivos ciclos productivos.

Si bien la ley, sancionada en 1973, establece una forma de propiedad intelectual sobre variedades vegetales denominada “Derechos de Obtentor” (DOV), que refiere al derecho que se le otorga a quien desarrolla una “mejora” a una semilla para explotarla en exclusividad, en su artículo 27 reconoce que “no lesiona ese derecho quien reserva y siembra semilla para uso propio”. Pero este derecho no aparece solamente tipificado en esta ley, sino que también se enmarca en tratados internacionales de los que la Argentina es signataria, como la “Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales” (UPOV).

En la actualidad, como desde hace algunos años, esta práctica milenaria corre peligro debido a los sucesivos intentos de estas empresas multinacionales y de los gobiernos de modificar esta ley, que la protege, para permitir el cobro de las semillas creadas por las compañías de una cosecha a otra, e impedir que los pequeños productores las guarden. De esta forma, al romper este ciclo, corre peligro la sostenibilidad alimentaria y, al ponerle un precio a las semillas, estas se vuelven meramente mercancía, al igual que lo que comemos.

Los intentos sistemáticos de modificar la ley se remontan primeramente a 2012. Luego, en 2016, tuvo lugar una novedad ya que, en este caso, no fue solo el oficialismo quien presentó una propuesta, sino también una entidad de productores, la Federación Agraria Argentina (FAA), y una cámara empresarial semillera, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA). Este último caso era la ley que las empresas querrían tener, ya que no contemplaba excepciones al uso propio. Todos esos proyectos perdieron estado parlamentario. Por último, en 2018 hubo negociaciones entre el Ministerio de Agroindustria y las empresas de agronegocios, pero el gobierno no tuvo apoyo político y hubo una fuerte oposición al proyecto, por parte de la FAA y de un centenar de organizaciones de campesinos y campesinas, indígenas y productores y productoras de agricultura familiar.

Ahora bien, ¿qué es lo que hay detrás de esta insistencia en modificar la ley? ¿A qué se deben estos reiterados intentos de introducirle cambios?

Carlos Vicente, de la revista Biodiversidad y ex miembro de la organización GRAIN, fallecido el 14 de marzo de 2022, explicaba que lo “que está en juego es que, de aprobarse [la nueva ley], cualquiera que hoy guarda semillas para plantar deberá declarar cuántas va a guardar y, luego, pagar regalías. Esto va en contra de la esencia de la agricultura, que es la continuidad de 10 mil años de historia en traspaso de semillas. Ahora quieren que, si uno declara, vaya preso o pague multas tremendas”.

Si bien es menos grave si afecta solo a la soja en vez de afectar a todas las semillas como se pretendió con el lobby de las semilleras durante sucesivos gobiernos, igualmente sería un problema que exista un antecedente tan negativo, que les facilitará avanzar como ya adelantaron que pretenden.

A esto se suma una campaña que llevan adelante las corporaciones para convencer a la gente de que las semillas criollas (no transgénicas) son obsoletas. Maritsa Puma, integrante de la la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), comenta en este sentido: “En la quinta en donde trabajamos utilizamos variedades de semillas que hoy intentan decirnos que no sirven, porque nos quieren hacer creer que la de ellos es mejor. Eso es mentira. Producimos sin agrotóxicos, de forma agroecológica, desmintiendo todo lo que nos quieren hacer creer”.

Sin embargo, la realidad es distinta a cómo quieren hacernos creer las empresas: esta ofensiva del capital sobre los derechos de los pueblos es enfrentada en todo el mundo, sobre todo por las comunidades campesinas y originarias, guardianas de las semillas y protagonistas absolutas de la producción de nuestra comida: hoy proveen más del 60% del total de alimentos, teniendo apenas el 25% de la tierra.

La lucha es ardua porque lo que está detrás de estos intentos de modificación de la ley por parte de las corporaciones, más allá de la monopolización y privatización de las semillas, es el control de la alimentación. Vicente sintetizaba: “Nosotros cuestionamos que las corporaciones se lanzaron hace 50 años, con la llamada ‘revolución verde’, al dominio de las semillas para controlar la alimentación y hacer que tengamos mercancías en lugar de comida.  [Hoy por hoy] Monsanto, Bayer y Syngenta manejan más del 50 por ciento del mercado de semillas del mundo. Es una concentración tremenda. (…) Hay una dura pelea por delante para que la alimentación no dependa de las corporaciones”.

Además, la modificación de la ley les daría más poder de decisión sobre qué se produce, cómo, dónde, y quiénes lo hacen, minando la soberanía de los pueblos sobre cada uno de estos aspectos. A esto se enfrenta la organización Vía Campesina, que opone a este modelo el de la Soberanía alimentaria y el de la libre disponibilidad de las semillas.

Ahora bien, la mercantilización de la comida, asunto crucial, no es lo único que está de fondo. Hay otra discusión importante detrás, que es el debate sobre el modelo productivo, ya que sobre las semillas se apoya toda esa estructura. Tenemos, por un lado, un modelo basado en agrotóxicos, que está acompañado de semillas transgénicas y, por otro, un modelo cuya base es la agroecología, que requiere de semillas nativas, no transgénicas.

En este sentido, vale aclarar que no existe un único tipo de semillas. Por un lado, están las denominadas “semillas comerciales”, que incluye sobre todo a las híbridas y transgénicas, cuyo mercado es uno de los más concentrados y está en manos de tres empresas trasnacionales, que controlan el 60% del mercado mundial de semillas, a saber: Bayer-Monsanto, Corteva (fusión de Dow y Dupont) y ChemChina-Syngenta. Y, por el otro, las “semillas locales”, en donde encontramos a las nativas y criollas, de las cuales su proceso de selección, mejoramiento y conservación se da en los territorios y es guiado por criterios de los y las agricultores.

A nivel mundial, hay una dura pelea por la conservación de las semillas nativas. Porque proteger las mismas implica, en un nivel más trascendente, cuidar un modelo de producción de alimentos más sano y amigable con el medio ambiente. Un ejemplo de este esfuerzo es el del Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA) de Brasil, integrante de la Vía Campesina Internacional. Ellos entendieron que lo que está de fondo es la pelea por el modelo agrícola, del cual la semilla es la base.

Esto demuestra que, a veces, las grandes luchas también pueden ser por objetivos que parecen ser pequeños, hasta diminutos. Preservar las semillas adecuadas significa, en potencia, mantener un ambiente y alimento sanos para las generaciones actuales y las próximas.

Fuentes:

-El derecho a las semillas en Argentina, entre cercamientos y activismos en su defensa, de Tamara Perelmuter